Diario de un Nómada

"A song of you comes as sweet and clear
 as moon light through the pines.
Other arms reach out to me,
Other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams
I see the road leads back to you"

 "Georgia on my mind", -S. Gorrell y H. Carmichael-

El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración Pública del Senado votó la enmienda de la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Entre las enmiendas propuestas se encontraban algunas presentadas por los grupos Mixto, integrado por IU y BNG, y Entesa Catalana del Progrés (PSC, ERC, ICV) que eran apoyadas por las principales organizaciones sociales dedicadas a la fomentar la creación, uso y difusión de las nuevas tecnologías. En contra de los principios defendidos por estas organizaciones se posicionaron principalmente PP y PNV.

Así, las referidas enmiendas aseguraban tres derechos básicos de los ciudadanos:

Pero los ciudadanos tenemos derecho a saber que se hace exactamente con nuestros propios datos. ¿Cual es el procedimiento que se sigue? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Quién los ve? ¿Para qué son usados?… Tenemos derecho a auditar de que no se hage nada que no esté previsto en las leyes, que no se manipulen inadecuadamente, aunque sea de forma inadvertida. Tenemos derecho a esa garantía y se satisface suficientemente con la mera promesa acerca de que algún organismo lo controlará tal y como ha decidido la mayoría en la Comisión.

Así, la mayoría formada por PP y PNV en la Comisión de Administración Pública, en representación del resto de sus compañeros de grupo, ha decidido que no, que los ciudadanos no tenemos esos derechos.

Pero las asociaciones más representativas de mundo digital español exigimos que, en el Pleno del Senado del día 7 de junio, cada senador vote por reconocernos esos derechos por ley. Y esto lo exigimos por la simple y afortunado peso de poder o no votarlos mediante listas abiertas en muy pocos meses.

Igualmente, esperamos también que los diputados del Congreso tomen buena nota de lo que pedimos los ciudadanos a través de sus colectivos más representativos y dinámicos en materias digitales, lleven a cabo la ratificación de esos derechos cuando les llegue de vuelta esta propuesta de ley. Será sin duda la mejor forma de estimular la participación y valoración de nuestros representates y partidos políticos.

"Copyleft 2007 GDFL Hispalinux. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".

LAECAP, Servicio público electrónico; defectuoso por diseño

Nota subscrita por Hispalinux, Asociación de Internautas, ATI, FFII, Fundación Ciencias de la Documentación, AGNIX, EstándaresAbiertos.org, Asociación de Informáticos Penitenciarios
Madrid/Bruselas, 3-junio-2007

La ley de acceso electrónico a las Administraciones Públicas va a ser la futura constitución electrónica del Estado Español. La última versión, que ha sido votada en Comisión en el Senado el pasado dia 30 de junio, amenaza el equilibrio de poderes de nuestra democracia y crea las bases de un Ejecutivo mucho más poderoso de lo que ha sido en los últimos 25 años. Con la desinformación y falta de diálogo constructivo que les caracteriza, nuestros políticos están creando una estructura administrativa sobre bases tecnológicas que, con la apariencia de ofrecer nuevos derechos a los ciudadanos, carece de verdaderas garantías para los mismos y puede poner en cuestión otros muchos derechos que hoy tenemos. Hispalinux pone en guardia a la ciudadanía ante lo que por falta de controles reales podría llegar a ser un Estado de excepción.

El Senado, lejos de mejorar la LAECAP, ha logrado empeorarla significativamente hasta el punto de que ya no se sabe cual es peor, si la que mandó el Ministerio de Administraciones Públicas al Congreso o la que le va a llegar desde el Senado.

En la Cámara Alta se han colocado intereses partidistas por encima de los intereses del pueblo o dicho de otro modo, el Senado, que debería defender los intereses de las regiones del Estado, se ha limitado a ejercer el rol dictado desde las sedes de los partidos centrales en unos tiempos dominados por la tensión electoral, la crispación y la falta de objetivos orientados al bien común. Con ello, lo que han conseguido es, a partir de una Ley de derechos que deberían ser básicos en los tiempo que corren, precisamente eliminarlos en su mayoría, dejando la Ley insuficiente, basada en conceptos erróneos o intencionadamente imprecisos, y por ello, defectuosa por diseño.

Nuestros senadores y en especial, los del PP y PNV, han dado la puntilla a una Ley que aunque no salió buena del Ministerio de Administraciones Públicas, el debate parlamentario consiguió enmendar parte de sus problemas. Y eso a pesar de las dificultades que el PSOE tuvo para enmendar a su ministerio, ya que podría haber hecho bastante más. Pero ahora nada de eso ha servido. El Senado se ha limitado a deshacer todo lo que se había avanzado y como hemos dicho, se ha hecho obviando lo que más conviene a los ciudadanos y hasta al propio Estado. Pero claro, ya han pasado las elecciones municipales… Como si no hubiera otras mayores en ciernes…

Haciendo un breve repaso a los defectos de esta ley, se puede decir que no solo no garantiza que un ciudadano no sea forzado a ser cliente de una determinada multinacional informática extranjera para ejercer sus derechos por vía electrónica, sino que, además, las propias Administraciones Públicas quedan obligadas a ser clientes de esa misma entidad privada, al no establecer el uso exclusivo y garantizado de estándares públicos (abiertos) para comunicarse y realizar cualquier tramitación. Y aquí vuelve la pregunta de siempre: ¿acaso es constitucional que se obligue a ser cliente de una determinada multinacional extranjera para poder ejercer derechos como ciudadano? ¿Sería justo que solo si eres cliente de una determinada empresa de telefonía pudieras llamar a un organismo oficial o a emergencias? Desde luego, se ha está perdiendo un momento único para sentar las bases de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Igualdad que en teoría está garantizada en el articulo 14 de nuestra Constitución y que es especialmente imprescindible cuando se debe usar la tecnología para comunicarse con la Administración, puesto que debe garantizar que esa tecnología sea pública y esté a disposición de todos sin discriminación posible. Pero esta ley va a crear ciudadanos de primera y de segunda en función de si son clientes o no de determinadas multinacionales que ni siquiera son españolas.

Otros defectos graves son el hecho de que el software y la tecnología que se crea con el erario público no estará a disposición de sus legítimos dueños, los ciudadanos, sino que cada político de turno en cada Administración Pública podrá hacer lo que crea conveniente: dárselo a una empresa, encerrarlo bajo cuatro llaves, o comerciar con él. El Senado ha decidido no dar a los ciudadanos lo que pagamos con nuestros impuestos, permitiendo así que otros se apropien y controlen esa propiedad intelectual de la que somos deberíamos ser dueños en teoría. Dado el enorme gasto previsto por el MAP y el MITyC para implantar la e-administración esto es especialmente grave.

Para rematar el abuso, la firma electrónica no estará garantizada por un sistema público único, sino que distintas empresas podrán dar fe de nuestra identificación, de nuestra voluntad de comprar, vender, heredar, casarnos, pagar nuestros impuestos o ser condenados a la pena máxima. Es cierto que este tremendo error ya se produjo en la Ley de Firma Electrónica, pero ésta era una ocasión idónea para enmendar, al menos, lo que a su uso en derechos básicos se refiere. Un e-DNI como sistema único de identificación y firma que interoperase con cualquier sistema tecnológico, habría permitido el liderazgo de España a nivel mundial en temas como comercio electrónico o voto electrónico, pero de nuevo han dejado pasar la gran oportunidad.

Todo esto es el resultado de una ley que ya nació viciada desde el MAP, como no podía ser de otra manera dada la composición del Consejo Asesor para Administración Electrónica, y que desde Hispalinux, AI, ATI y FFII hemos venido advirtiendo, aconsejando y denunciando en todas las fases de su trámite. Pero lo cierto es que nuestros políticos no escuchan a los ciudadanos y si D. Jose Luis Rodriguez Zapatero, D. Mariano Rajoy, D Gaspar Llamazares. D. Josu Jon Imaz, D. Carod Rovira, D Artur Mas, D. Anxo Quintana y D. Paulino Rivero no lo remedian, pasaremos a una Administración electrónica en la que una empresa controlará los derechos incluso básicos que puedan o no ejercer los ciudadanos. Y es más, conseguirá hacer cliente cautivo al Estado y a través de éste a todos los ciudadanos redondeando la mayor operación comercial de la historia de la democracia española: aquella por la que todo ciudadano y empresa quedará implícitamente obligado a ser su cliente como la única forma de poder satisfacer o ejercer los derechos y obligaciones de todo un país.

Pero no van a ser esas multinacionales las responsables de que el Servicio Público Electrónico sea defectuoso y discriminatorio desde su diseño. Lo serán los lideres políticos por no trasmitir clara y directamente a sus filas que la prioridad son los ciudadanos. Sus votantes.

Si no son capaces de hacerlo bien a la primera, no se preocupen, el tema es complejo y lo sabemos entender. Tomen la determinación de repetirlo o abortarlo si es necesario. Pero no condenen a esta sociedad a la primera gran inflexión de nuestra Democracia hacia el ostracismo, el seguidismo y el esclavismo digital como está pretendiendo la Comisión de Administración Pública del Senado con sus discriminatorias enmiendas.

Aún están a tiempo de corregir todo esto en el Pleno del Senado que se celebrará el próximo día 7 de junio. Si no lo hacen, Vds. serán los responsables de que el Servicio Público Electrónico sea defectuoso desde su diseño.

"Copyleft 2007 GDFL Hispalinux. Verbatim copying, translation and
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